lunes, 10 de diciembre de 2012

Abuso institucional sobre los menores en España y homeschooling

Cuando una familia homeschooler es detectada (el común de los casos por desescolarización o por denuncias) se inicia un calvario en dónde los padres son en muchísimos casos mal-tratados por los servicios sociales y por el estamento jurídico, pasando por amenazas de retirada de custodia, por insultos, por requirimientos anticonstitucionales,... pero lo peor es cuando los menores son requeridos para ser interrogados en solitario, sin derecho a la presencia de sus padres ni a la de un abogado.

Madalen Goiría nos acerca hoy en su blog un comunicado de prensa que hoy, en el Día de los Derechos Humanos, hace la ONG de defensa de los derechos de los niños Save the Children en donde denuncia la situación de los menores ante la justicia española, en dónde afirman que la justicia española no garantiza los derechos de los niños.  

Madalen nos dice que este informe podría servirnos para proteger a nuestros hijos y evitar que los interroguen en solitario en procedimientos jurídicos como el que paradojamente denominan "Jurisdicción voluntaria" por desescolarización.

Aprovecho para agradecer públicamente la ayuda a Madalen, este tipo de ayudas son las que necesitamos las familias.

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Este informe puede servir para proteger a los menores de ser interrogados en solitario en procedimientos de Jurisdicción Voluntaria por desescolarización.
En el informe denominado “Infancia y justicia: una cuestión de derechos“, a partir de la página 55, se analiza la situación de los menores ante la justicia española.
Copio toda la noticia que publica hoy 10 de diciembre Servimedia:
Save the Children asegura que la justicia española no garantiza los derechos de los niños.
La Administración de Justicia en España no está adaptada a las necesidades de los niños y no garantiza adecuadamente sus derechos.
Esta es la contundente conclusión del informe ‘Infancia y justicia: una cuestión de derechos’, presentado este lunes por la organización Save the Children y donde, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de los estándares internacionales en materia de justicia e infancia, denuncia que la justicia española suspende el examen sobre el respeto y garantía de los derechos de los niños.
Según explicó en rueda de prensa Yolanda Román, responsable de Incidencia Política de Save the Children, “la justicia española no trata bien a los niños”, una cuestión de la que se hace eco el estudio realizado por la organización, que pone de relieve la falta de medios legales, humanos y materiales para garantizar los derechos de los menores.
Román añadió que la justicia española no está adaptada a los niños, no garantiza su derecho a ser escuchados y, si se les escucha, no se hace adecuadamente.
El informe desvela que el contacto de los menores con la justicia resulta traumático, doloroso y ridiculizador, produciéndose “violencia institucional” contra ellos, debido en gran parte al desconocimiento de sus derechos por parte de los operadores jurídicos.
Esta situación también obedece, según el estudio, a la falta de recursos especializados y adecuados para dar respuesta a situaciones judiciales en las que intervienen niños, ya sea en condición de víctimas o testigos de un delito, como infractores de la ley, en casos de crisis matrimoniales o de desamparo o con respecto a las leyes de extranjería, entre otras circunstancias.
Tal y como insistió la responsable de Incidencia Política de la organización, en ocasiones se somete a los menores a interrogatorios, declaraciones o exploraciones repetidas e inadecuadas que les exponen a una dolorosa revictimización.
“Los niños no siempre son tratados de acuerdo a su edad o estado madurativo, lo que puede generar en ellos confusión, temor o incluso culpabilidad. El derecho de los niños a ser debidamente escuchados durante los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, y en los procesos en los que participan no se garantiza suficientemente y en muchos casos no se respeta”, alerta el informe.
Save the Children considera urgente adecuar físicamente los espacios en los juzgados donde deben realizarse las entrevistas y donde deben esperar los niños, así como disponer del material técnico y audiovisual que permita llevar a cabo la participación del menor en los procesos sin tener que ver a su agresor ni prestar declaración en una sala llena de adultos desconocidos.
También ve igualmente necesario reforzar el número de fiscales especializados, jueces y personal técnico y garantizar su formación específica en derechos de infancia. “En el contexto económico y político actual en España no resulta atractivo pedir una mayor inversión en justicia, pero es urgente hacerlo”, señaló Román.

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